Institucional

La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP), en el marco de su rol de representación nacional de la abogacía, expresa su preocupación frente a hechos de relevancia pública que podrían comprometer la vigencia regular de los mandatos institucionales en organismos constitucionalmente autónomos. En ese contexto, la JUDECAP advierte lo señalado por los rectores de las universidades públicas, respecto a la reciente incorporación de una disposición en la Ley de Presupuesto 2026 que podría interpretarse como un intento de extender la vigencia de cargos directivos cuyo mandato ha culminado.

La JUDECAP reafirma que el Consejo Directivo de la SUNEDU se encuentra regulado por la Ley Universitaria N.° 30220, cuyo artículo 19 establece que el mandato de sus miembros es de tres (3) años, plazo que debe ser respetado en observancia del principio de legalidad y la jerarquía normativa reconocida por el artículo 51 de la Constitución. Asimismo, recordamos que la conformación actualmente vigente fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 131-2023-MINEDU, acto administrativo que no puede ser desconocido ni alterar sus efectos por vías normativas que excedan la materia presupuestal.

Asimismo, la JUDECAP sostiene que la alternancia oportuna en cargos directivos no solo es un imperativo legal, sino una garantía de legitimidad democrática y de seguridad jurídica institucional. Cualquier continuidad de autoridades fuera del plazo de mandato previsto afecta la autonomía funcional de los organismos autónomos y genera un precedente que debilita la estabilidad institucional. Por tales consideraciones, la JUDECAP hace un llamado al Congreso de la República para que, en el ejercicio de sus funciones, actúe con estricta observancia del orden constitucional, evitando validar o prorrogar mandatos vencidos que podrían erosionar la confianza pública en las instituciones del país.

Finalmente, la JUDECAP reafirma que se mantendrá alerta y vigilante, ejerciendo su representación permanente a toda iniciativa o decisión pública que pueda comprometer el respeto de los mandatos institucionales y la seguridad jurídica en organismos autónomos. La defensa del orden constitucional seguirá siendo una labor central de la abogacía organizada del Perú.